Notarías de Murcia

El 23 de julio de 2015 entró en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV), una norma que atribuye a los notarios y a otros operadores jurídicos la capacidad para actuar en numerosos actos de jurisdicción voluntaria que hasta entonces se encomendaban a los jueces. Una ley que supone una mejor redistribución y utilización de los recursos públicos disponibles y que descarga a los jueces de asuntos no contenciosos en los que su intervención no es necesaria.

Con la desjudicialización de asuntos que antes se resolvían en los juzgados, los ciudadanos podrán encontrar solución a sus demandas con la misma seguridad jurídica y mayor agilidad.

¿Qué es la jurisdicción voluntaria?

En multitud de ocasiones, los ciudadanos nos hemos encontrando ante situaciones jurídicas que, sin ser claramente conflictivas, han necesitado de una autoridad que decida cómo actuar o que resuelva el problema. Ese papel hasta ahora estaba atribuido a los jueces y a los tribunales civiles. Pues bien, a esa actividad de salvaguarda y tutela que realizaban los jueces sin que existiera verdadera controversia entre las partes se le denomina jurisdicción voluntaria, y es la que fue regulada de forma novedosa en la Ley 15/2015, de 2 de julio, pasando a ser desempeñada por otros funcionarios, como los notarios.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha reforzado la función notarial en su carácter de autoridad pública y ha ampliado sus competencias en diversos aspectos, fundamentalmente en materia de familia y de sucesiones.

ALGUNAS ACTUACIONES NOTARIALES EN ESTE ÁMBITO:

Conciliación ante notario

El legislador ha incluido la conciliación en la Ley de Jurisdicción Voluntaria por una razón muy sencilla: alcanzar acuerdos para evitar pleitos. La ley atribuye a los notarios compe­tencias para realizar expedientes de conciliación de los distintos intereses enfrentados en cualquier controversia mercantil, sucesoria o familiar, por su preparación jurídica, impar­cialidad y control de la ley.

"Si hubiere conformidad entre los interesados, en todo o en parte del objeto de conci­liación, se hará constar detalladamente en escritura pública todo cuanto acuerden... (art. 82. LJV)"

El notario es un fedatario público que tan solo permitirá a las partes que lleguen a un acuerdo cuando este sea legal y no vulnere los derechos de ninguna de ellas.

Reclamación de deudas dinerarias no contradichas

Como alternativa a la vía judicial de exigir el pago de deudas dinerarias no contradichas, es decir, en las que no existe oposición por parte del deudor, la LJV posibilita que el acreedor pueda acudir a cualquier notario del domicilio del deudor para reclamarle la deuda con todos los documentos que lo justifiquen.

Si todo es correcto, ante notario se levantará un acta de reclamación de la deuda y se pro­cederá a requerir el pago al deudor. Si en un plazo de 20 días ni ha satisfecho la deuda ni se ha opuesto a ella, el acta de reclamación notarial adquiere carácter ejecutivo y se convierte en título de ejecución extrajudicial, lo que permite al acreedor interponer una demanda ejecutiva y solicitar directamente en el juzgado el embargo de los bienes del deudor. De esta manera, el acreedor se ahorra el proceso judicial declarativo previo. A saber: gestiones de recepción de la solicitud del reclamante, localización del deudor, en­trega del requerimiento, consecuencias lógicas de la conducta del deudor, etc., es decir, meses de tramitación en los juzgados.

Sin embargo, este procedimiento no podrá utilizarse para reclamar deudas derivadas de contratos entre empresarios y consumidores, ni deudas de las comunidades de propieta­rios; tampoco en el caso de deudas de alimentos a menores o a personas con capacidad modificada judicialmente, ni deudas que conciernan a la Administración Pública.

Ofrecimiento de pago

La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha incorporado la posibilidad de intervención notarial en el ofrecimiento de pago y consignación como alternativa a recurrir al Juzgado de Primera Instancia, lo que permite a los deudores satisfacer sus obligaciones y pagar en los casos en los que el acreedor se niega a recibir el pago o lo hace imposible.

La nueva legislación viene a confirmar que todo testamento debe acabar siendo notarial. Hasta la entrada en vigor de la LJV, la competencia de los notarios en los testamentos en los que no habían intervenido se limitaba a protocolizarlos mediante la realización de un acta notarial. Con la reforma legislativa los notarios amplían de forma considerable sus competencias, asu­miendo de forma exclusiva todo el proceso: presentación, adveración (verificación), apertura y protocolización de los testamentos no notariales, como son los testamentos cerrados, los ológrafos y los orales.

El notario deberá acreditar su autenticidad y comprobar que se han cumplido todas las exigencias legales. De esta manera, este tipo de testamentos -en realidad documentos pri­vados - serán homologados y elevados a do­cumento público. Como tales documentos públicos tendrán efectos jurídicos equivalen­tes a los del testamento abierto notarial, el más habitual de todos los testamentos, rea­lizado en escritura pública y dotado, por tanto, de fuerza probatoria y ejecutiva, un testamento con plena seguridad jurídica en el que la intervención del notario asegura que la voluntad del testador ha sido manifestada libre y consciente.

¿Qué son?

• Testamento cerrado de contenido secreto, cuando el testador, sin revelar su última vo­luntad, declara al notario que el pliego que presenta contiene su testamento.
• Testamento ológrafo es aquel en el que una persona mayor de edad expresa su otorgamiento de su puño y letra, sin acudir al notario.
• Testamento oral: una persona en peligro de muerte, o en caso de epidemia, otorga testamento de manera verbal ante testigos.

Otros tipos de testamentos:

Son los testamentos en peligro inminente de muerte y en tiempo de epidemia.

• Estos testamentos quedarán ineficaces si pasaren dos meses desde que el testador haya salido del peligro de muerte, o cesado la epidemia. Cuando el testador falleciere en dicho plazo, también quedará ineficaz el testamento si dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento no se acude al notario competente para que lo eleve a escritura pública, ya se haya otorgado por escrito o verbalmente.

Declaración de herederos abintestato

Para determinar quiénes tienen derecho a la herencia de una persona fallecida, en caso de que esta no hubiera hecho testamento, es necesario realizar una declaración de herederos abintestato (sin testamento).

El notario es el único funcionario competente para realizar cualquier declaración de herederos, incluso las de las parejas de hecho cuando tengan derechos sucesorios conforme a la ley.

Aceptación de herencia a beneficio de inventario

Cuando una persona recibe una herencia tiene dos opciones al acudir al notado: aceptarla o renunciar a ella. Y si la acepta, también tiene otras dos: aceptación pura y simple o aceptación a beneficio de inventario. Los efectos son distintos: en el caso de aceptación pura y simple los herederos no solo reciben los bienes, sino que también deben responder con su propio patrimonio de las deudas o cargas del fallecido en el caso de que las tuviera, mientras que en una herencia aceptada a beneficio de inventado esas deudas o cargas se cubrirán única y exclusivamente con los bienes de la propia herencia (inventario), sin afectar el patrimonio de quienes la reciban. Por tanto, para poder recibir la herencia deberán disponer previamente de dicho inventario. La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha establecido que sean los notarios quienes se ocupen de realizar el inventario de la herencia. Los herederos ya no tienen que hacerlo ante el juez.

Requerimiento de herederos

Desde la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria los herederos de una herencia cuyo reparto obstaculiza otro heredero, tienen la posibilidad de acudir a un notario para que le envíe un acta de notificación y requerimiento, dándole un plazo de 30 días naturales para que decida si va a aceptar su parte o va a renunciar a ella. En dicha acta se le advertirá, asimismo, de que si no manifiesta su voluntad en ese tiempo, la herencia se considerará aceptada pura y simplemente.

Albacea y contador-partidor dativo

Aunque la partición de la herencia de mutuo acuerdo entre los herederos es la solución ideal, lamentablemente en la realidad no siempre sucede así. En muchas ocasiones alguno de los cohe­rederos paraliza el reparto porque se niega a partir la herencia. En situaciones de este tipo la ley preveía soluciones que exigían la intervención judicial, lo que suponía procesos largos y costosos.

Si los coherederos con voluntad de partir suponen al menos la mitad de la herencia, pueden solicitar en esta notaria el nombramiento de un contador-partidor dativo para que lleve a cabo la partición.

 Junto a ello, la ley también  atribuye al notario la potestad de realizar un control de los términos de partición decididos por el contador.

Desde el 30/04/2021 los expedientes matrimoniales que se tienen que efectuar antes de las nupcias, - salvo en el caso del matrimonio religioso católico - pueden realizarse en la notaria o ante el encargado de Registro Civil. La asignación de la notaria que realice el expediente matrimonial previo a la boda será efectuada por el Colegio Notarial en turno de reparto.

En este trámite no se puede elegir el notario que vaya a efectuar la tramitación del expediente previo obligatorio que antecede a la boda, aunque sí se puede elegir al que vaya a celebrar el posterior enlace matrimonial.

• La separación o el divorcio ante notario tienen que ser de mutuo acuerdo y sin hijos me­nores no emancipados, ni hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus padres.
• El matrimonio tiene que acudir a la notaría acompañado de un abogado y con el convenio de divorcio redactado.

El notario comprobará y dará fe de que los cónyuges son plenamente conscientes del convenio acordado, que es equitativo para las partes y que no incluye agravios que perjudiquen a uno de los miembros de la pareja. Además, el notario les podrá aconsejar sobre los bienes en común o sobre la liquidación del régimen económico matrimonial.

Una vez comprobado que todo es correcto, se firmará la escritura de divorcio, tras lo cual el notario lo comunicará al Registro Civil.

Las uniones de hecho suponen una alternativa para aquellas parejas que desean establecer un compromiso sin necesidad de contraer matrimonio. Una de las vías para la constitución de la pareja de hecho es ante notario, con validez en todo el Estado.

Si una pareja acude a una notaría para formalizar una unión de hecho, el notario redactará la escritura pública en la que ambos reconocerán convivir de forma marital; les explicará las posibilidades existentes para regular su economía y les asesorará sobre cuestiones rela­cionadas con su descendencia y su sucesión, entre otros asuntos.

Para que dos personas puedan constituirse en pareja de hecho deben cumplir una serie de requisitos:

• Ser mayores de edad o emancipados y no estar casados ni ser pareja de otra persona.
• Estar empadronados, al menos uno de los miembros de la pareja, en la comunidad autónoma en la que tendrá lugar la declaración formal.
• Manifestar públicamente su compromiso.

En nuestro país no existe una normativa nacional que regule las parejas de hecho, pero la Región de Murcia sí tiene una normativa que regula este tipo de uniones.

Disolución de la pareja de hecho

El acuerdo de separación de una pareja de hecho también puede formalizarse ante notario y en escritura pública, con las ventajas de asesoría, legalidad y fe pública propias de la función notarial.

Si ambos miembros de la pareja de hecho están de acuerdo en su separación, sólo tendrán que ir a la notaría y otorgar ante notario la escritura de disolución, en la que se recogerán también las condiciones, efectos y consecuencias de la separación, como, por ejemplo, la liquidación de bienes comunes. Si no existe mutuo acuerdo, en algunas CC.AA. bastará con que solo uno de ellos acuda a un notario y notifique fehacientemente al otro su decisión de ruptura; aunque es recomendable que vayan ambos para que el proceso sea más rápido y las dos partes estén igualmente asesoradas sobre las consecuencias de su decisión. La pareja también se extingue si cesa la convivencia, si muere alguno de los convivientes o si alguno de ellos contrajera matrimonio.

¿Existen diferencias entre el matrimonio y la unión de hecho?

Sí, y es importante conocerlas porque afectan a la seguridad jurídica de los miembros de la pareja. Al no existir regulación unitaria en toda España, las consecuencias jurídicas del matrimonio y la pareja de hecho son muy diferentes en las distintas comunidades autónomas. 

¿Quién elige al notario, la otra parte o yo?

Si hay más de una parte, existen varias posibilidades:

1. Si las partes están de acuerdo, pueden acudir a cualquier notario: al que ellos decidan.
2. Si las partes no están de acuerdo, le corresponde elegir al que vaya a pagar la mayor cantidad del arancel notarial.
3. Si uno de los contratantes es un promotor inmobiliario, entidad financiera o un empre­sario y el otro un particular (consumidor), el derecho a elegir notario corresponde siem­pre al consumidor. Este derecho es irrenunciable.

La libre elección de notario en la contratación de un servicio financiero

En el caso de la solicitud de un crédito hipotecario, si es un particular el que contrata con un gran operador (promotor inmobiliario, entidad financiera, etc.), sea quien sea el que soporte los gastos, el consumidor tiene siempre el derecho a elegir el notario.